Todos los fines de semana, mi perra empieza a temblar antes de que yo oiga nada. Es una pastora del Cáucaso, un animal grande, curtido, que no se asusta con facilidad. Pero los fuegos artificiales no entienden de tamaños ni de temperamentos: llegan como una detonación sin previo aviso y ella busca el rincón más oscuro del ático, jadeando, durante horas.
Llevo seis años en Alzira. Seis años de fines de semana parecidos: cohetes, pánico animal y la sensación de que nadie está mirando. Lo ocurrido este último domingo, 27 de septiembre, día de la patrona, no fue una excepción, sino el último ejemplo de algo que se repite con demasiada frecuencia: los disparos comenzaron a las nueve de la mañana y se prolongaron, con interrupciones, hasta más allá de las 22:30 horas.
No hablo de cuestionar los actos de la patrona ni de pedir que desaparezca la pirotecnia de nuestras fiestas. Hablo de algo más sencillo: incluso cuando se trata de una celebración, la normativa municipal establece unas condiciones concretas. Y no es solo mi perra quien sufre el estruendo: también los perros y gatos del vecindario, los bebés, los ancianos que duermen poco y mal y quienes trabajan a turnos y necesitan descansar.
La norma existe. La Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica de Alzira, en su artículo 35, establece que se precisa autorización del Ayuntamiento para la explosión o disparo colectivo de petardos, tracas y demás artículos de pirotecnia. La solicitud debe presentarse con una antelación mínima de cinco días e indicar el lugar, el día, la duración de la celebración y la clase y cantidad de material que se va a explosionar. El mismo artículo tampoco permite el uso individual de petardos o tracas fuera de los actos contemplados por la propia ordenanza. Está publicada. Está escrita.
Lo que cuesta encontrar es su presencia en la calle.
La paradoja es difícil de ignorar. El mismo Ayuntamiento cuenta con normativa específica sobre protección y bienestar de los animales de compañía, y con un servicio de Sanidad que, según explica la propia institución, dispone de la inspección de la Policía Local y puede abrir expedientes sancionadores. La sensibilidad hacia los animales está reconocida institucionalmente. Pero el bienestar animal no puede quedarse en una ordenanza, una campaña o una fotografía. Para un perro que tiembla durante horas, el bienestar es poder estar tranquilo en su propia casa.
Y aquí aparecen las preguntas. Si los disparos del domingo formaban parte de actos autorizados, ¿qué autorización los amparaba? ¿Qué lugar, duración y cantidad de material figuraban en ella? Y si prosiguieron pasadas las 22:00, cuando según el artículo 31 de la propia ordenanza la acción inspectora y/o sancionadora se dirige expresamente al control de las explosiones de petardos y fuegos artificiales durante el horario nocturno, ¿quién estaba controlando?
Pero esto no se limita a aquel domingo. Si los disparos se repiten prácticamente cada fin de semana, hay datos que el Ayuntamiento puede facilitar: ¿cuántas denuncias se han presentado en los últimos años por uso indebido de pirotecnia? ¿Cuántos expedientes sancionadores se han iniciado y cuántas sanciones se han impuesto? ¿Cuántos controles se realizan fuera de los actos autorizados? Son preguntas sencillas, y los vecinos merecemos verlas respondidas.
Una norma que se publica pero no se controla acaba siendo papel. Y cuando eso sucede, el ciudadano aprende una lección peligrosa: que hay normas que deben cumplirse y otras que simplemente están ahí. Mientras tanto, los animales pagan el precio de esa distancia entre lo escrito y lo que ocurre.
Mi perra no sabe qué es una ordenanza. No sabe qué artículo regula los petardos ni quién tiene competencias para vigilarlos. Solo sabe que, cuando llega el estruendo, tiene que esconderse.
Yo sí puedo leer la norma. Me gustaría poder ver también su cumplimiento.