

“Más del 50% del dinero destinado a los perjudicados se perdió por el camino y del otro 50% nadie sabe lo que ha pasado”
Desde Aspertous estamos convencidos que en un Estado de Derecho, el Estado, en este caso representado por el Delegado del Gobierno, no puede quitarse el polvo de encima de esta forma tan vergonzosa.
El Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana debería ser el primero en arrimar el hombro y ayudar a buscar una solución a los expedientes que quedan abiertos en el ICO. llámese condonación, archivo o como se quiera llamar y más teniendo constancia de la devolución de importantes cantidades de dinero al Estado, y no tirar más “barro” sobre los perjudicados por la “pantaná”.
Recordarle al Delegado del Gobierno su artículo publicado en el Levante en 1999 cuando era diputado nacional de N.E. en el que manifestó que después de la sentencia la mayoría de perjudicados se habían quedado sin una solución y que lo justo sería buscar una solución para todos estos perjudicados; estos, a los que hoy el ICO les sigue reclamando los créditos y el Delegado quiere abandonar en la cuneta.
Tenemos que añadir que si no estamos mal informados el Estado se reservó en el acuerdo firmado con Afiva y Apemeda el derecho de control, derecho que no ha ejercitado y que ahora intenta evitar a pesar de las dudas razonables que existen en el sistema de reparto de estos 2.600 millones de pesetas y por lo que se sigue un procedimiento judicial.
En enero del año 2000 el Estado firma un acuerdo-convenio con Afiva y Apemeda para resarcir a los perjudicados que se acogieron al decreto de 1993 que ascendían a 17.000 afectados. Dicho convenio ascendía a un total de 2.600 millones de pesetas, de los cuales unos 600 millones de pesetas serían destinadas a resarcir a losperjudicados y asociaciones de los gastos judiciales y otros durante los años 1982-2000.
Parece ser que, según los dirigentes de Afiva y Apemeda, la cantidad entregada por el Gobierno fue de unos 300 millones de pesetas (dos millones de euros aprox.); la Delegación del Gobierno afirma que fueron unos 600 millones de pesetas. Del resto de dinero hasta los 2.600 millones de pesetas no se sabe lo que ha pasado, pues al parecer el juez ha reclamado esta documentación a los antiguos dirigentes de Afiva y Apemeda en reiteradas ocasiones y estos no la han entregado, lo cual hace suponer que nada saben de este dinero.
Así mismo parece ser que los antiguos dirigentes de Afiva y Apemeda manifiestan que en el año 2000 estas asociaciones tenían 2.000 socios y no 17.000 como parece ser, supuestamente afirma la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Con estas diferencias tan abismales ¿puede el Delegado del Gobierno quitarse de en medio de forma tan vergonzosa? Casi mejor que dimita y se quede en su casa.
Los otros 2.000 millones de pesetas estaban destinados a resarcir a los perjudicados. De estos 2.000 millones de pesetas, el ICO se quedó con más de 500 millones de pesetas o más de trescientos millones fueron devueltos al tesoro.
Es decir, más del 50% del dinero destinado a los perjudicados se perdió por el camino y del otro 50% nadie sabe lo que ha pasado. Si alguien escarba, igual nos llevamos una grandísima sorpresa.
A todo esto, el Estado sigue sin encontrar una solución a los créditos de Tous a pesar de que han pasado 3 años desde que se llegó a un nuevo acuerdo entre Aspertous y la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernandez de la Vega, la cual se comprometió a dar una solución definitiva para todos los afectados en el plazo de seis -nueve meses, estando presente el entonces presidente del ICO.
Sólo existe una solución, la condonación, archivo de los créditos de una manera inmediata o la devolución por parte del estado de los casi mil millones que se quedó del convenio del año 2000 el ICO, Hacienda y el Tesoro y que iban destinados a los perjudicados.
El Delegado del Gobierno debe encontrar una solución rápida o dimitir de su cargo por incompetente.
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